México, 16 dic (PL) Organizaciones civiles, sindicatos e instituciones de Derechos Humanos en México continúan hoy acciones de condena a la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Senado y la Cámara de Diputados.
La legislación, aunque fue modificada en algunos de sus acápites, recibe el rechazo de la población al considerarla una estrategia del gobierno con vista a ejercer presión para su permanencia en el poder en las elecciones del 2018.
La ley pretende además reglamentar el proceder de las Fuerzas Armadas en estados y municipios cuando sean rebasados por el crimen organizado, lo cual implicaría su militarización.
Luis Felipe Guerrero, rector de la Universidad de Guanajuato, estimó que no es necesaria la presencia del ejército si se cuenta con cuerpos de seguridad profesionales, con mejores formaciones y prestaciones.
Advirtió que dicho mandato no es una buena noticia para el país, la intervención en tareas de seguridad pública genera riesgos de abusos y violaciones a los derechos humanos.
Es una reforma, comentó, que no va a dejar de ser polémica, cuestionable, porque implica regular algo, que como mexicanos no lo queremos.
Deseamos, añadió, un ejército resguardado en sus cuarteles, focalizado a las tareas que le dieron origen, sin suplantar a la policía federal, estatal y municipal.
La Ley ya esta en poder del gobierno mexicano para su promulgación al lograr los votos necesarios de los diputados del partido de Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES).